¿Por qué es necesario repensar las políticas y modelos de seguridad?

Escrito por: RISE

Vivimos en contextos socioeconómicos cada vez más globalizados y complejos, donde se han modificado de forma radical los centros de poder y de decisión, y en los cuales cada vez se encuentran más dificultades para gestionar los efectos adversos del modelo económico actual.

La existencia de violencias e inequidades estructurales y la necesidad de los poderes públicos de mantener y proteger el sistema ante las constantes crisis del capitalismo han dado origen o consolidado políticas de seguridad que plantean una respuesta unívoca al cumplimiento de la ley y el orden, y se centran en las respuestas punitivas y en la criminalización de los sectores más vulnerados. Obviando, en general, las necesidades de resolución al conflicto social y político, y dando la espalda a otras violencias inherentes al sistema como las violencias machistas o los delitos económicos.

La inseguridad está presente en nuestras sociedades de manera persistente y problemática. No obstante, las políticas y modelos hegemónicos de seguridad, así como las propuestas de los nuevos totalitarismos en auge, no ofrecen soluciones efectivas. Al contrario, contribuyen a agravar la situación.

Ante la imposibilidad de articular soluciones eficaces, se proponen soluciones de prevencionismo táctico acompañadas a menudo de restricciones a las libertades del conjunto de la población. Como consecuencia, ante la promesa de obtener mayor seguridad, una parte importante de la población está dispuesta a aceptar la limitación de derechos propios y ajenos. El riesgo evidente de esta postura es la generación de demandas de más seguridad punitivista que acaban justificando los abusos de poder y las respuestas totalitarias favoreciendo tácticas de ley y orden difíciles de revertir. Por otro lado, acaba limitando el espacio de los actores y de las respuestas de prevención social dentro del ámbito de las políticas públicas de seguridad y excluyendo a la población de su construcción y evaluación.

Al contexto descrito, hay que añadir la llegada, en 2020, de la pandemia del coronavirus, la cual deja al descubierto nuevas expresiones de estos modelos, avanzando, por ejemplo, en la delegación de funciones de gestión de la emergencia a las fuerzas armadas -que deberían estar reservadas a la protección civil-. E incluso impulsando una doctrina militar que plantea su participación en la gestión de los conflictos internos.

La gestión de la crisis ha mostrado que el problema reside en la opción por parte del Estado de alimentar el miedo y el paternalismo protector, en lugar de promover la potenciación de la ciudadanía y optar por fortalecer la madurez democrática con una participación activa. Si se quiere libertad, hay que asumir un mínimo de incertidumbre, de inseguridad. Ceder toda la libertad a cambio de seguridad nos lleva a asumir un protectorado permanente que es incompatible con modelos democráticos de una sociedad madura.

Como contrapeso a estas tendencias, diferentes movimientos sociales y políticos, como el feminismo, los movimientos de reivindicación de la igualdad y los derechos civiles, contra el racismo o el cambio climático, van ganando fuerza y globalidad, y se establecen como actores imprescindibles para pensar una alternativa sólida a los modelos actuales de seguridad y gestión policial.

Existen también experiencias de implementación de políticas novedosas de seguridad, a nivel local o estatal, con diferentes grados de consolidación, pero que en su mayoría abarcan ámbitos puntuales dentro del modelo global y que, por tanto, exigen ser referenciados, analizados, difundidos y potenciados.

¿Cuáles son los ejes de innovación prioritarios para RISE?

Como hemos avanzado, consideramos imprescindible innovar en las políticas de seguridad, generando nuevas conceptualizaciones y propuestas específicas, con soluciones concretas, practicables y basadas en evidencias, sobre cómo abordar las violencias y el delito.

Debemos revisar la aplicación de modelos de control de poblaciones, renunciar al populismo punitivo, y pasar del prevencionismo táctico a la neutralización de las causas, trabajando en integrar los diferentes niveles generadores de políticas: local, regional, nacional e internacional.

Es imprescindible construir políticas de seguridad centradas en las personas, incorporando la perspectiva de las víctimas desde un lugar activo y repensar las necesidades de reparación y la respuesta del sistema, así como generar las condiciones de acceso a una justicia plural y equitativa.

Es necesario eliminar las prácticas securitarias que menoscaban los derechos de grupos marginalizados o discriminados.

Creemos que también es clave generar políticas inclusivas, incorporando el principio de no discriminación y la perspectiva de género de manera transversal y dando lugar a los colectivos y grupos sociales tradicionalmente excluidos de esta construcción, así como revisar las limitaciones de acceso a los derechos de ciudadanía que se convierten en un factor de inseguridad para una parte importante de la población. El sistema de seguridad debe garantizar siempre el respeto irrestricto a los derechos humanos por parte de todos los estamentos del Estado, contando con mecanismos accesibles y efectivos para su protección. 

Se requiere mejorar la transparencia -política, estadística e informativa- para generar confianza, responsabilidad y participación y fortalecer los sistemas de rendición de cuentas, que deben generar información accesible y comprensible a toda la ciudadanía.

Las fuerzas de seguridad tienen un papel importante a jugar, pero su profesión requiere también urgentemente un cambio y una redefinición. Es urgente disponer de un sistema de justicia criminal integral totalmente renovado y que articule sus diferentes elementos (lo normativo, la administración de justicia, la gestión policial y carcelaria) teniendo en cuenta la perspectiva de las víctimas y personas investigadas. Es necesario repensar cuáles son los objetivos y el funcionamiento de la política criminal, las tipologías delictivas y la persecución penal.

Por otro lado, la necesaria separación entre las funciones de seguridad interior y defensa llevan a rechazar rotundamente que las fuerzas armadas tengan injerencia o vinculación con la seguridad ciudadana, el orden público o la gestión de conflictos internos.

La seguridad es poliédrica y corresponde a muchos actores institucionales y sociales. Por eso hay que generar políticas que contemplen las relaciones necesarias con otras seguridades y exigir que se garanticen las condiciones materiales de existencia para el ejercicio de una vida digna, así como incorporar una visión transversal de la gestión de la seguridad en todas las etapas de la política pública -diagnóstico, diseño, implementación y evaluación- y la relación con otras políticas.

Por último, en un entorno global donde los sectores conservadores y sus medios de comunicación masiva plantean un debate en torno a la seguridad en términos dicotómicos y simplistas, también es necesario democratizar el acceso a la información y exigir y fomentar un debate social informado sobre las políticas de seguridad. 

Con esta mirada y con la meta de contribuir desde la construcción colectiva a dar respuesta a estas cuestiones bajo un cambio de paradigma en la generación de propuestas en políticas públicas de seguridad, nace RISE, Red Internacional para la Innovación en Seguridad.