Desde la Red Internacional para la Innovación en Seguridad (RISE), la Red de Mujeres que trabajan temas de Seguridad y Defensa en Latinoamérica y el Caribe (Amassuru) y el Grupo de Trabajo Violencias, Políticas de Seguridad y Resistencias del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales -CLACSO, expresamos nuestra solidaridad con el pueblo de Colombia y rechazamos categóricamente las situaciones de violencia sistemática en el país por parte de la fuerza pública en las protestas sociales ocurridas entre el 28 de abril y el 3 de mayo de 2021.
Según las denuncias realizadas por diferentes organizaciones locales de derechos humanos, se reporta hasta el momento la muerte de más de una docena de personas, varias de ellas jóvenes y menores de edad. Se han denunciado más de 900 casos de violencia policial, incluyendo víctimas de agresión en sus ojos, detenciones arbitrarias en contra de los y las manifestantes, agresiones contra periodistas y acoso y violencia sexual contra mujeres participantes en las manifestaciones.
Es importante que los hechos ocurridos durante las protestas sean investigados y sancionados de manera imparcial e independiente para que no queden en la impunidad.
La protesta e indignación social surgida el 28 de abril de 2021 tuvieron como detonante la propuesta de reforma tributaria denominada “Ley de solidaridad sostenible” que gravaba artículos de primera necesidad y los servicios públicos.
Si bien el proyecto de ley ha sido retirado ha costado vidas perdidas.
El gobierno ha anunciado la modificación del proyecto por tanto las protestas se mantienen, así como la preocupación y el rechazo por la orden del presidente Iván Duque del día 1 de mayo de 2021 de la asistencia militar para intervenir las ciudades donde se están realizando las movilizaciones sociales con el argumento de proteger a la población. En Bogotá pese al rechazo de las autoridades locales, tanquetas y personal del ejército hacen presencia en ciertos sectores de la ciudad. En Cali la situación es muy preocupante.
Las fuerzas armadas no deben participar de las actividades relacionadas con la protección de las manifestaciones públicas.
Asimismo, debe evitarse calificar a las personas manifestantes como “terroristas” y el uso de manera extensiva y abusiva de figuras penales que criminalizan la protesta social y a los y las manifestantes. En este sentido, es preocupante el ambiente generalizado de zozobra y de miedo que se ha generado con la construcción de estas categorías de enemigo tanto en zonas urbanas como rurales.
En un contexto en el cual se ha producido el homicidio sistemático de cientos de líderes y lideresas sociales en todo el territorio Colombiano desde la firma del Acuerdo de Paz con las FARC, el desplazamiento forzado y el confinamiento de comunidades enteras por el enfrentamiento entre grupos armados ilegales en zonas de disputa por las rutas de la droga, por otros mercados ilícitos y por la reconfiguración de las estructuras criminales, es imprescindible que el Estado cumpla con su obligación de garantizar los principios de legalidad, proporcionalidad, necesidad, no discriminación, rendición de cuentas y demás obligaciones de protección de los derechos humanos de la ciudadanía.
De igual forma, es determinante que el gobierno de Colombia escuche los reclamos sociales y promueva reformas para el bienestar de los colombianos y las colombianas. Según el último reporte del Departamento Nacional de Estadísticas (DANE), la pobreza aumentó en el país del 35,7 % en el año 2019 al 42,5 % en el año 2020, Colombia pasó de tener 17,4 a 21 millones de personas en situación de pobreza monetaria sin contar las realidades de la desigualdad social y el hambre en los territorios del país que no se registran en las cifras oficiales.
En el marco de un Estado Social de Derecho la protesta social no puede constituir una amenaza al orden público. Por el contrario, forma parte del ejercicio de la democracia, es un derecho reconocido y protegido por las normas y estándares internacionales, y los Estados tienen el deber de actuar sobre la base de la licitud de las protestas y manifestaciones públicas, así como investigar y sancionar cualquier uso desmedido de la fuerza.
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