Debates sobre las políticas públicas basadas en la evidencia

El 5 de julio se realizó la segunda reunión plenaria de la Red. En la reunión se actualizó la información de los grupos de trabajo de trabajo, y el eje central de la sesión fue el debate abierto en torno a “La cuestión de los datos” como instancia de recoger conocimientos compartidos en este ámbito. 

El cierre de la sesión, con la intención de sumar actores plurales a pensar la seguridad, estuvo a cargo de la compañía De croché títeres, que presentó una obra reflexionando sobre la situación de violencia que se vive en Colombia.

Novedades de los grupos de trabajo

• La web sigue recibiendo un buen flujo de visitas y cada mes se suman nuevas personas suscriptoras. El blog ha mantenido publicaciones mensuales estos primeros 6 meses desde la creación de la red y se anima a seguir publicando.
• Se comunica la decisión del grupo motor de constituir una asociación como forma jurídica de la Red.
• El grupo de Prevención y jóvenes explica que su trabajo estará orientado a prevención comunitarias y desarrollar un intercambio de experiencias y buenas prácticas.
• El grupo de Modelos policiales ha trabajado en el diseño de la ficha para la recolección de datos y experiencias. Se trabajará primero por países para luego sistematizar la información global, con apoyo del grupo de repositorio.

La cuestión de los datos

Se realizó un panel introductorio con la participación de Daniel Hirata (Brasil), Lucía Camardón (Argentina), Diego Torrente (España) y la moderación de Cecilia Samanes.

Cecilia Samanes manifestó la importancia del diseño de políticas de seguridad basadas sobre evidencia, que trascienda las frases hechas y con una impronta práctica para incidir en propuestas concretas en función de la real prevención de eventos violentos.

Hizo referencia a la estadística como herramienta fundamental para pensar políticas públicas basadas en evidencia. Indicó que la “cuestión” de los datos tiene que ver con la necesidad de contar con datos reales, de calidad, para poder contar e implementar políticas públicas.

Remarcó la necesidad de la completitud de los datos, de que no debe haber un divorcio entre los datos estatales y los alternativos.

El debate se centró en torno a:

• ¿Qué información consideran que se necesita construir?
• ¿Cómo se debería construir esa información?
• ¿Cuál es la relación entre los actores que Uds. representan? (organización social, academia, gestión pública/administración).
• ¿Cuáles son las estrategias que pueden implementar, desde sus ámbitos de pertenencia, hacia los tomadores de decisión de las Políticas Públicas?

Diego Torrente explicó que el objetivo de contar con datos (y su análisis) es incorporar datos y teoría, evidencias al proceso político. Esto importa ciertos requisitos.

Primero, buenos datos. Para eso, hay que acercarse a la realidad, a la casuística, para sacar aprendizajes de los datos. Se buscan regularidades para detectar las causas subyacentes de los fenómenos (al menos, en forma de hipótesis). La calidad de los datos que midan lo que deben, que sean de fuentes regulares, de confianza, etc.

Segundo, habilidades. No se trata solo de recoger datos, sino que es necesario el análisis. Se requieren conocimientos técnicos específicos: análisis de datos, diseño de planes, de redes sociales, de formación, estadísticas etc.

Tercero, apoyo político. El sentido de las “Políticas basadas en datos” es doble: se requieren los datos y su análisis, pero también se involucran ideologías, equilibrios partidarios, etc., que exceden las cuestiones científicas. Si las lógicas políticas no son receptivas a los datos y su análisis, cuesta mucho llevar adelante estos proyectos, justamente, por este “choque de lógicas”.

Cuarto, apoyo social. Si la propuesta choca con los intereses de los grupos a los cuales se pretende dirigir las políticas o los de la generalidad de la población, fracasará.

Lucía Camardón explicó que el uso de información para la toma de decisiones es una asignatura pendiente para la agenda de seguridad y justicia, a diferencia de otras carteras estatales (como salud, economía, etc.).

Las FF. SS. suelen regirse por el “olfato policial” y los políticos con lógicas electoralistas para definir sus estrategias: no parten de un conocimiento sólido de la problemática.

En el caso de Argentina, hay una gran heterogeneidad en términos de información, por su carácter federal. Mucha de la información, además, no se encuentra disponible públicamente. Dos experiencias importantes de estandarización de la información son el SNIC (Sistema Nacional de Información Criminal) y el SNEEP (Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena).

Dos grandes ejes identificables respecto del aporte de la información para la generación de políticas públicas. El primero es un aporte al diagnóstico sobre ciertas problemáticas priorizadas. El segundo, la sensibilización (sobre todo, a agencias de distintas áreas del Estado) acerca de la necesidad de adoptar el modelo de toma de decisiones sobre la base de videncia. Un objetivo ulterior podría ser el cuestionamiento del modelo hegemónico punitivista.

Como desafíos, identificó, entre otros, la desarticulación y descoordinación entre actores del Estado; la necesidad de estandarización, socialización de metodologías y buenas prácticas en uso de software; la trazabilidad; intercambio de información, delitos de subsistencia como el narcomenudeo, falta de análisis desde una perspectiva de género, suplir las áreas con importante subregistro; intercambio con ONG y academia, etc.

Y como aportes desde la RISE, sugiere aportar a la cultura de datos abiertos; la necesidad de una mirada estratégica con entrecruzamiento de fuentes; el análisis de datos abiertos a partir de uso de software, y llamar la atención sobre la importancia de complementación con datos informales y cualitativos.

Daniel Hirata marcó tres puntos fundamentales respecto del uso de datos en seguridad en Río de Janeiro:

El primero es que en Río de Janeiro hace al menos 10 años no se puede hablar de políticas públicas en seguridad. No hay diagnósticos basados en evidencia, ni transparencia sobre ejecución de las acciones ni rendición de cuentas para evaluar los resultados. Por eso, en lugar de “políticas” hay que hablar de “acciones” de seguridad.

En segundo lugar, señaló como uno de los grandes problemas el de la letalidad del actuar policial. Las operaciones policiales hacen parte del problema de la seguridad en Río de Janeiro. Son acciones muy grandes de las fuerzas: 100 a 200 hombres armados con fusiles, con vehículos blindados, helicópteros usados como plataformas de tiros, etc. Hay una alta letalidad policial, pero no se puede medir con precisión porque no existen datos públicos ni control alguno, a pesar de que este es el instrumento principal de acción de seguridad en Río de Janeiro.

En los últimos 10 años la letalidad policial ha aumentado un 313 %, y se han cerrado todos los canales políticos de negociación.

Como tercer elemento resaltó la importancia de la generación de datos y el control por parte de la sociedad civil. Los controles principales fueron presentaciones jurídicas hechas por actores de la sociedad civil para frenar la brutalidad policial. Más del 45 % de las muertes en Río ha sido causada por la policía. Esto motivó un fallo del juez de la Corte Suprema Fachin que prohibió los operativos policiales en las favelas de Río de Janeiro durante la pandemia (por incumplimiento del Precepto Fundamental (ADPF) 635), salvo casos “absolutamente excepcionales” con previo aviso al Ministerio Público. Y todo el trabajo de datos que fueron aportados a la causa fueron producidos desde la sociedad civil.

Se trata de datos alternativos, no oficiales, sobre operaciones policiales y sus resultados. Y generaron un debate en la prensa y la sociedad sobre la temática. En el último mes se negó el acceso a la información a datos oficiales, las decisiones políticas no se toman con base en evidencia.

El debate suscito numerosas intervenciones y reflexiones en torno a diferentes ejes:

– ¿Cómo promover la generación de información en instituciones altamente precarias (como las que actúan en el sistema penitenciario)? Pensar que la matriz de riesgo creada en el norte global no aplica en instituciones precarias como la penitenciaria.

– La necesidad de incorporar conocimientos cualitativos para complementar los cuantitativos. Y las dificultades que atañe convencer de su importancia al nivel político.

– Las fuentes de datos deben ser variados, cuestionando que la policía sea el actor fundamental para producirlos, debido a que los objetivos para la recolección de datos policiales son diferentes del diseño de políticas públicas. En este sentido se resalta la importancia de la participación ciudadana y del territorio en la generación de datos.

– Cuestionar la supuesta disponibilidad de datos, así como enfatizar la importancia de la sistematización además de la disponibilidad.

Vale la pena reflexionar sobre ¿Qué quiere decir “evidencia” y cómo evitar que nos condicione un (pre)concepto de evidencia? No se trata de datos por sí mismos, sino datos orientados hacia una cierta estrategia de acción.

El dato es una herramienta, y su interpretación y usos deben partir desde una mirada de derechos, de la inclusión social.

Más que los datos, lo importante es el diagnóstico: los factores que inciden en la generación del problema. Esto es lo clave para las personas que deben tomar decisiones.

O fechamento: «Marionetes sim, brinquedos de poder não».