Seguridad Privada, Violencia/Violence/Violência

Difuminando el monopolio de la violencia: Empresas Militares y de Seguridad Privada y el poder coercitivo del Estado

Escrito por: Carlos Díaz, Ekaterina Zepnova, Felip Daza, Giulia Campisi and Nora Miralles. Equipo de investigación del Observatorio de Derechos Humanos y Empresas del Mediterráneo (ODHE)[1]

La creciente alarma sobre la situación en Cabo Delgado (Mozambique), donde más de medio millón de personas han sido desplazadas forzosamente por la violencia de los enfrentamientos entre los grupos armados islamistas y las fuerzas de seguridad del Estado, ha vuelto a poner en el punto de mira a las Empresas Militares y de Seguridad Privada (EMSP). Este conflicto ilustra bien la alianza entre Estados, EMSP y empresas del sector extractivo, desde que Wagner Group, una de las más grandes EMSP rusas, y la surafricana Dick Advisory Group fueron desplegadas en esa zona, su rol principal fue apoyar al ejército contra los grupos insurgentes que están amenazando los depósito de gas gestionados por la multinacional francesa Total.

Este no es un caso aislado. La privatización progresiva de las funciones estatales de seguridad bajo las políticas neoliberales, ha permitido a las EMSPs expandirse de forma dramática en las últimas décadas, convirtiéndose en proveedores de servicios vinculados con el poder coercitivo, el poder estandarizado, legítimo y legal que los Estados utilizan a través de sus ejércitos y fuerzas de seguridad. Por tanto, en las últimas dos décadas, la seguridad se ha convertido en un mecanismo de legitimización de cualquier acción estatal y una fuente de maximización de beneficios.

Aunque los gobiernos en ocasiones se refieren a ellas como empresas de seguridad privada, las EMSP también incluyen empresas que difieren de estas debido a sus funciones militares y coercitivas del Estado, su presencia internacional, y su vasta capacidad operacional, incluyendo equipamientos militares propios de ejército modernos. Esta capacidad, junto con su amplia versatilidad para ser desplegadas en cualquier parte del mundo, ha convertido a las EMSPs en esenciales para mucho gobiernos. Son utilizadas tanto para misiones en zonas de conflicto, donde dan apoyo a ejércitos convencionales u oponerse a insurgentes (control y protección de industrias extractivas y contraterrorismo), como para proveer servicios de seguridad doméstica junto con o en lugar de las propias fuerzas de seguridad del Estado (control fronterizo, protección de infraestructuras críticas, gestión de la seguridad de prisiones, etc).

La externalización de la política exterior a través de EMSPs.  

A nivel de política exterior, análisis comparativos sobre la implicación de personal de EMSP y tropas del ejército de EEUU en los conflictos más privatizados de la historia contemporánea, Afganistán e Iraq, por ejemplo, muestran como en 2013, por cada soldado estadounidense había 3 contratistas de seguridad privada. Desde entonces, no se ha producido ninguna reducción en el uso de EMSPs en conflictos armados. Algunos gobiernos han intentado justificar esta política alegando que es una estrategia para reducir el gasto militar, ya que no es necesario mantener a estos contratistas militares en ‘tiempos de paz’. El uso de las EMSP permite a los gobiernos intervenir en conflictos armados evitando el escrutinio público y como forma de evadir la regulación internacional, donde los nuevos tipos de mercenarios tienen un amplio margen de maniobra.

Las recientes guerras en Libia y Siria, han sido terreno fértil para el uso de las EMSP en los conflictos internacionales, a través de los cuáles terceros países participan contratando a estos actores armados no estatales. En febrero de 2015, cientos de empleados de Wagner Group murieron en un ataque aéreo de las tropas estadounidenses en la región siria de Deir Ezzor. Además, en la altamente fragmentada guerra civil que ha afligido a Libia desde 2014 hasta fechas muy recientes, las fuerzas armadas del gobierno oficial contaron con entre 3.000 y 6.000 mercenarios sirios, entrenados por la EMSP turca Sadat, mientras que las milicias del excoronel libio Khalifa Haftar contaron con el apoyo de unos 200 combatientes extranjeros financiados por los Emiratos Árabes Unidos (EUA) y equipados con armas rusas. De hecho, el Grupo Wagner vuelve a

Al no existir un sistema vinculante para exigir responsabilidades a estas empresas, ni transparencia sobre los servicios que prestan, debido a su carácter privado y a la naturaleza confidencial de sus contratos, resulta enormemente difícil hacerlas responsables de los abusos y violaciones de los derechos humanos cometidos por sus empleados. La regulación se basa, pues, en normas internacionales no vinculantes, como el Documento de Montreaux de 2008, que Rusia ni siquiera ha suscrito. El caso más reciente de esta potencial impunidad es el indulto de Trump a los mercenarios que trabajaban para Blackwater (ahora conocida como Academi y parte del Grupo Constellis) que cumplían una condena de prisión por la masacre de civiles en la plaza Nisour de Irak, en 2007.

Policía privada en el interior de los Estados

Respondiendo al coro político que advierte de las “nuevas amenazas” a la estabilidad nacional, como el terrorismo, los ciberataques o la migración, las EMSP también han empezado a centrarse en otros sectores emergentes en el ámbito de la seguridad nacional, relacionados con la protección de las infraestructuras críticas, la gestión de los flujos migratorios, las instituciones de castigo como las prisiones y los centros de detención de inmigrantes, la ciberseguridad y la inteligencia nacional, y otras tareas quasi-policiales. Por ejemplo, en el contexto de las protestas públicas generalizadas en Francia, empresas como Groupe DCI prestaron servicios de formación y asesoramiento a las fuerzas de seguridad del gobierno.

Las EMSP también han desempeñado un papel decisivo en la “guerra contra las drogas” internacional financiada por Estados Unidos, como el Plan Colombia y la Iniciativa Mérida de 2006 en México. También han participado y siguen realizando tareas como el entrenamiento, el mantenimiento y el suministro de apoyo logístico y de equipos a actores estatales que son directa e indirectamente responsables de violaciones de los derechos humanos.

Otra manifestación de la penetración de estas empresas en la seguridad del Estado es su creciente papel en el mantenimiento del orden público, desempeñando funciones que podrían ser propias de las fuerzas de seguridad pública. En Ciudad del Cabo (Sudáfrica), donde el ejercicio de la seguridad pública sigue reflejando a menudo las desigualdades de los tiempos del Apartheid, empresas de seguridad privada como Professional Protection Alternatives no sólo patrullan los barrios blancos ricos, sino que también llevan a cabo operaciones de desalojo de los espacios públicos. Paradójicamente, esto desafía el monopolio estatal de la coerción y la fuerza, pero con la abierta connivencia del Estado.

Otra de las tendencias que mejor ilustran la externalización de la seguridad es la privatización de las prisiones, los centros de internamiento y los centros de detención de inmigrantes. Este es el aspecto de la participación de las EMSP en la seguridad pública que despierta mayor oposición y alarma entre los defensores de los derechos humanos y en la sociedad civil por su impacto en los derechos. En el caso de EE.UU., por ejemplo, las tres EMSP que dominan el mercado -CoreCivic, Geo Group y Management and Training Corporation- tienen un largo historial de denuncias por trato degradante, trabajos forzados, abusos, violencia y agresiones sexuales en cárceles, centros penitenciarios y centros de detención de niños y migrantes. La pandemia empeoró aún más esta situación, dejando la salud y la seguridad de los migrantes a merced de EMSP como MVM Inc, que ha estado utilizando hoteles para detener y confinar a niños y bebés no acompañados de apenas un año de edad antes de deportarlos, como reveló The New York Times en agosto de 2020. Del mismo modo, uno de los principales contratistas de los centros penitenciarios y de inmigración del Reino Unido, G4S, se ha visto envuelto en múltiples escándalos y ha sido acusado de repetidas violaciones de los derechos humanos en el Reino Unido y en otros lugares, por prestar servicios a la base estadounidense de Guantánamo donde se produjeron torturas o por vender equipos a los puestos de control israelíes en los Territorios Ocupados de Palestina.

De la inteligencia tradicional a los ciber-mercenarios

El autor de Spies for Hire: The Secret World of Intelligence Outsourcing, Tim Shorrock, afirmó que el 70% del presupuesto de inteligencia de Estados Unidos en 2007 se subcontrató a contratistas de seguridad. Un año después, una investigación de The Washington Post descubrió que 1.931 empresas privadas colaboraban en tareas de seguridad nacional, antiterrorismo e inteligencia desde 10.000 lugares de Estados Unidos.

La contratación por parte de las agencias gubernamentales de inteligencia de empresas que producen tecnologías de vigilancia no es nada nuevo. Sin embargo, estos servicios han evolucionado con el uso de las nuevas tecnologías y, ahora, los contratistas de seguridad privada suministran y mantienen sistemas de tecnología de software y hardware; recopilan datos relacionados con la seguridad nacional interceptando llamadas, pirateando teléfonos móviles y sistemas informáticos; analizan y sistematizan datos relacionados con la seguridad nacional; elaboran informes de evaluación de riesgos para el alto mando militar; operan drones de reconocimiento durante las protestas o en conflictos armados más allá de las fronteras; y llevan a cabo operaciones secretas que implican actividades irregulares o ilegales como la infiltración en movimientos sociales o el interrogatorio de sospechosos.

El ciberespionaje se ha convertido así en uno de los servicios clave de las EMSP, que implican la contratación de un gran número de hackers -o lo que el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre el uso de mercenarios llama cibermercenarios-, lo que complica deliberadamente la supervisión democrática de estas operaciones, como ha señalado el investigador Armin Krishnan. Además, estos servicios incluyen trabajos extremadamente delicados y controvertidos, ya que las empresas son utilizadas como apoderados para evadir el escrutinio público e inmiscuirse en los asuntos internos de otros países.

Como ejemplo, la agencia de inteligencia militar rusa (GRU) utilizó los servicios de la Internet Research Agency, también conocida como la Fábrica de Trolls, vinculada al oligarca Yevgeny V. Prigozhin, para interferir en las elecciones presidenciales de 2016 en Estados Unidos, hackeando cuentas de correo electrónico y redes informáticas del Partido Demócrata, y difundiendo desinformación en las redes sociales para favorecer la campaña presidencial de Donald Trump.

Al mismo tiempo, la cooperación en el ámbito de la inteligencia implica que los contratistas de seguridad privada tienen acceso a información sensible relacionada con la seguridad nacional y a las bases de datos de las agencias gubernamentales que contienen información personal de ciudadanos o activistas. Esto tiene una clara repercusión en los derechos civiles y políticos, como demuestran los casos de actividades de inteligencia en la sombra de la EMSP Tiger Swan, que recopiló datos infiltrándose en el movimiento indígena y ecologista de Standing Rock, en Dakota del Norte, o cuando hay colusión entre las fuerzas de seguridad del Estado, los contratistas de seguridad y los asesinos a sueldo, como es el caso del asesinato de Berta Cáceres en Honduras y de muchos más defensores de los derechos humanos y del medio ambiente en Colombia y Brasil.

En estas relaciones comerciales subyace una alineación con la agenda económica, social y moral del neoliberalismo en su estado más avanzado, que ve la esfera pública únicamente como una oportunidad económica a explotar, sin preocuparse por sus consecuencias sociales. A medida que los gobiernos externalizan las funciones de seguridad pública que son excesivamente sensibles en materia de derechos humanos, la protección pasa a un segundo plano, ya que se da prioridad a los beneficios del sector privado y a la ausencia de escrutinio público.

Este artículo es una versión editada del ensayo original publicado en State of Power 2021 report: Coercive World de Transnational Institute.


[1] Observatory on Human Rights and Business in the Mediterranean Region. http://www.odhe.cat/es/

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