La privatización progresiva de las funciones estatales de seguridad bajo las políticas neoliberales, ha permitido a las EMSPs expandirse de forma dramática en las últimas décadas, convirtiéndose en proveedores de servicios vinculados con el poder coercitivo, el poder estandarizado, legítimo y legal que los Estados utilizan a través de sus ejércitos y fuerzas de seguridad. Por tanto, en las últimas dos décadas, la seguridad se ha convertido en un mecanismo de legitimización de cualquier acción estatal y una fuente de maximización de beneficios.