Escrito por: Tobías J. Schleider (*)
La gestión de la seguridad es un aspecto fundamental de la gobernanza contemporánea, en todos los niveles del Estado y, en especial, en el local. La comprensión acabada de esta afirmación exige contextualizarla. La realidad latinoamericana, de democracias jóvenes que fueron dejando atrás procesos de militarización y gobiernos de facto, vive asimismo, una reestructuración de sus agencias abocadas a la seguridad. En esta evolución, los gobiernos locales están llamados a ocupar un rol central.
Con estas ideas como base, la Guía para ciudades más seguras. Herramientas para generar entornos urbanos seguros y libres de miedo desde un enfoque preventivo –con sendas versiones en español y portugués– aspira a orientar a los tomadores de decisiones, y a un público interesado, en la conceptualización, dimensionamiento, planificación, diseño y gestión de políticas urbanas en materia de seguridad ciudadana, haciendo énfasis en las herramientas disponibles para el fomento de acciones efectivas y de calidad dentro de las competencias de la gestión local.
La Guía está destinada a un lector no experto: idealmente, alcaldes o alcaldesas de la región. Para cumplir con sus propósitos, se vale de recursos particulares: un lenguaje llano, aunque preciso; ilustraciones técnicas (y, además, bellas) e infografías creadas especialmente. Además, contiene recomendaciones, ejemplos de buenas prácticas, recursos adicionales para consulta y casos de éxito interesantes que dan cuenta dar cuenta de la puesta en práctica de las ideas volcadas en sus páginas.
La gestión local de la seguridad. Frente al delito, la violencia y el temor al crimen, un alcalde o alcaldesa afronta dos caminos principales. El primero es el que asume a la política de seguridad como relacionada, de manera exclusiva o preeminente, con la política criminal. Si opta por seguir ese camino, el alcalde o alcaldesa estará participando de las propuestas de diagnóstico e intervención, de prevención o de investigación, pero sin tener la iniciativa principal a su cargo. El segundo camino posible es el que considera a la política de seguridad como una política urbana y local. Esta opción comprende que la inseguridad no proviene solo de la infracción a normas penales o contravencionales, sino que es parte de un fenómeno complejo, multicausal y con efectos de diferente alcance y distinta naturaleza, y que toma formas diferenciales cuando se trata de mujeres y niñas. En el caso de decidirse por este rumbo, la persona al frente del gobierno local estará en posición de liderar los procesos que involucran el abordaje de la problemática; de asumir más responsabilidades, de tener la potestad necesaria para tomar decisiones que respondan a las preocupaciones y demandas de los vecinos y las vecinas de su distrito; de enfrentar desafíos más intensos, pero también de ofrecer su impronta propia y específica en las soluciones que se desplieguen; de integrar a la seguridad a sus estrategias de gobierno en todas las áreas de su injerencia, y sumarla al conjunto de medidas para tender al desarrollo de la población a la cual representa. Hoy cobra sentido, más que nunca, la idea de que toda política de seguridad es local. Los conflictos se desarrollan en el territorio, y ningún órgano de gobierno está más cerca de él, ni lo conoce mejor, que el local. Alcaldes, alcaldesas, intendentes e intendentas son quienes se encuentran en la posición adecuada para generar instancias de coordinación con otros niveles de gobierno. Pero aún en los programas y las políticas nacionales o estaduales, el ámbito de aplicación relevante es el local. Además, los gobiernos locales cuentan con más recursos para la gestión de la seguridad de lo que, por lo común, creen. La Guía ofrece pautas para orientar estas dinámicas, de modo que redunden en un mejor servicio de seguridad y una sociedad más pacífica. Porque, en definitiva, una gestión inadecuada de las iniciativas locales en materia de seguridad puede ser muy costosa, en términos económicos, pero también políticos y sociales. Combinados el mayor requerimiento de recursos y la falta de conocimientos específicos para administrarlos, pueden convertirse en un obstáculo importante para los gobiernos locales preocupados por restablecer la calidad de vida de sus vecinos y vecinas.
Vulnerabilidad, género y movilidad. Quienes gobiernan se encuentran en la obligación de garantizar los medios necesarios para establecer parámetros igualitarios de ejercicio de derechos. Y si bien para la ley todos nacemos libres e iguales, sin distinción de sexo, raza o religión, las poblaciones están integradas por grupos y colectivos diversos y plurales y, como tales, sus sensaciones, padecimientos y exposición a los fenómenos violentos no son homogéneos. En relación con la prevención de violencias y delitos, se requieren respuestas específicas para cada tipo de situación con estrategias de prevención y, sobre todo, que partan de diagnósticos previos particulares. Las vulnerabilidades pueden estar determinadas por muchos factores, pero la cuestión del género y, en particular, la prevalencia de la violencia por razón de género, exponen a riesgos y a daños tanto a mujeres como a personas con identidades de género y orientaciones sexuales diversas. La violencia por razón de género se expresa en formas múltiples. Una de estas formas, poco explorada, es la relacionada con la movilidad, en las distintas etapas de viajes que realizan mujeres y personas vulnerables. Estas etapas van desde el momento en que se planifica el viaje antes de salir de la casa, hasta el uso de los distintos modos o medios disponibles. Para su seguridad, es muy importante considerar los factores sociales, la calidad de servicio en el medio de transporte y el diseño adecuado de paradas, equipamientos y del entorno natural y el construido a lo largo de todo el sistema de movilidad. La Guía da cuenta, también, de esta vertiente de la problemática, y asume, en todo su desarrollo, una perspectiva de género cuidada y proactiva.
Gestión de la conflictividad. En toda sociedad se alternan conflictos y acuerdos de cooperación. Pero analizar al conflicto como una instancia transitoria de la vida social, que podría evolucionar hasta su desaparición, es producto de un pensamiento utópico que propicia un ideal: el “orden”. En el contexto actual latinoamericano, este enfoque predomina. Ahora bien, si se repara en que nuestro continente es el más inequitativo del planeta, el hecho de que las sociedades sean conflictivas es, en un sentido, una buena señal: significa que nuestros pueblos no son sumisos frente a las condiciones de vida desfavorables que les tocan. Y aquí es donde se pone en juego la capacidad de los Estados, en especial los locales, para abordar el conflicto omnipresente. La gestión de la conflictividad sin el recurso de la violencia, el autoritarismo o los abusos de poder –del propio Estado o de ciertos grupos dominantes sobre otros– es el gran desafío que les espera a los y las gobernantes que tengan la disposición para ocuparse, de manera sólida, de la seguridad.
Una Guía para prevenir. La Guía está organizada en cuatro capítulos temáticos, cada uno de ellos con tres apartados que tratan temas más específicos. Ellos son:
- Espacio público seguro. En él se aborda la promoción de espacios públicos seguros, con tres ejes nodales de la seguridad ciudadana: la prevención situacional, la recuperación de espacios públicos y la reconstrucción del tejido social. Se combinan el análisis, notas sobre el liderazgo político necesario, conocimientos técnicos y las voces de sus protagonistas. Subyace al capítulo la tesis de que, así como el entorno físico y social en los barrios puede propiciar oportunidades para que se cometan delitos, su diseño adecuado también puede ser útil para su prevención.
Este capítulo cuenta con un recurso adicional: una serie de fichas de parámetros arquitectónicos y urbanísticos para la prevención situacional del delito, con consejos prácticos referidos a la planificación respecto de distintos aspectos del urbanismo de las ciudades.
- Territorios críticos. Los centros históricos, los asentamientos informales y las atracciones turísticas son tres de los territorios críticos de las ciudades sobre los que trata el segundo capítulo. La elección de estos tres espacios urbanos está basada en la relevancia y el potencial que tienen para revertir algunos efectos de la exclusión social. Allí la planificación de la seguridad puede ser focalizada y trabajada desde una perspectiva intersectorial y preventiva.
- Información y tecnología. Los observatorios y centros de análisis se suman a la tecnología, en el capítulo tercero, como herramientas para abordar la criminalidad y, a la vez, fortalecer el conocimiento y la comprensión de la dinámica del delito, la violencia y el temor al crimen. La información, los datos y la tecnología permiten generar insumos para el diseño de intervenciones que respondan a las problemáticas diagnosticadas. Colaboran, así, con la creación de entornos seguros y, también, con comunidades con menor miedo.
- La gobernanza de la seguridad local. Finalmente, el cuarto capítulo aborda el tema de la gobernanza de la seguridad a nivel local. Tan importante como conocer y comprender las dinámicas delictuales es planificar, coordinar y articular las acciones de prevención, control y reinserción social entre organismos estatales y paraestatales, actores colectivos e individuales, agencias tradicionales y de creación reciente, dada la complejidad de los fenómenos, su multicausalidad y los efectos que provoca.
¿Qué es una “ciudad más segura”? La centralidad de la seguridad como preocupación y como problema hoy se halla fuera de discusión. Y cada vez cobran más relevancia dos aspectos conexos. Por un lado, la idea de la seguridad ciudadana como condición necesaria (aunque no suficiente) del desarrollo humano. Por otro, la posición que ostentan los gobiernos locales para ocuparse de su abordaje y su gestión. Está claro, además, que ese abordaje y esa gestión deben ser profesionales, basados en evidencia, alejados de improvisaciones iluminadas y de intuiciones. Con las herramientas que cuentan, los gobiernos locales tienen muchas alternativas para comenzar a ocuparse de la seguridad, aun cuando no terminen de advertirlo. Esas potencialidades han de actualizarse con el concurso de actores diferentes, que desplacen a las policías del rol casi exclusivo que suelen ostentar en la materia. Se forman, así, burocracias especiales y se recaba el apoyo técnico de expertos externos. Con esto en consideración, es claro que una ciudad más segura es una ciudad con un gobierno local que se ocupa de la problemática securitaria de manera moderna, dinámica y profesional, atendiendo a las necesidades concretas de la población y con una cartera de soluciones adaptada a las particularidades del territorio y de quienes lo habitan; soluciones que facilitan el acceso a las oportunidades que brinda vivir en un entorno urbano. Además, que da importancia a evitar la violencia, a la relevancia de los espacios públicos como lugares de pertenencia colectiva y a la necesidad de fortalecer los vínculos entre vecinos y vecinas. Que fomenta la participación de la ciudadanía en el diseño, la implementación y la evaluación de proyectos de seguridad ciudadana, que no avanza sino apoyándose en información y conocimiento y que no abusa de la tecnología, como si fuera un fin en sí mismo. Que coordina y articula con agencias y niveles de gobierno, se vale de herramientas modernas que acerquen a las policías y a la justicia a la ciudadanía y que integra los avances académicos y los logros de otras localidades a su realidad cotidiana. Una ciudad más segura es una ciudad que controla menos y previene más.
(*) Tobías J. Schleider es consultor internacional en seguridad ciudadana, director del área de Gobiernos Locales del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED), Profesor Titular de Modelos comparados en seguridad ciudadana en la Universidad Nacional del Sur, Argentina, y coautor de la Guía para ciudades más seguras.
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