Consideraciones sobre el modelo policial

Escrito por: Amadeu Recasens i Brunet

Palabras clave: #ModeloPolicial #PolíticasdeSeguridad

Un modelo policial no puede ni debe ser visto como algo acabado, sino que es una realidad en permanente construcción

(*)En líneas generales, el actual modelo policial español, el que nace con la democracia y la Constitución de 1978, es un modelo fallido, pero no inexistente. Es fallido porque tiene un conjunto de vicios fundacionales que lo convierten en inidóneo para una sociedad moderna.

La transición de una dictadura a una democracia, planteó la necesidad de un cambio social, cultural e institucional, que debería haber sido radical, puesto que se trataba de un cambio de régimen político diametralmente opuesto al precedente. Pero ello no fue posible debido al peso de los llamados “poderes fácticos” del antiguo régimen, combinado con la falta de fuerza/poder de aquellos que abogaban por el cambio radical. Se llegó así a una democracia tutelada mediante un compromiso híbrido que se dio en llamar “consenso”. En tal contexto se fraguó el fallido modelo policial, lastrado por las resistencias al cambio de buena parte de los cuerpos de seguridad y del ejército (en ese momento, las policías estatales estaban militarizadas, las locales relegadas a un mero papel auxiliar, y las autonómicas todavía eran prácticamente inexistentes o muy incipientes).  El modelo policial español de esos años se hizo pues sin el debido criterio transversal y sin afianzar el interés público en el centro de dicho desarrollo.

La situación actual, a pesar de presentar cierta apariencia de normalidad, es heredera de estas deficiencias iniciales, y ello se traduce en problemas y disfunciones, entre los que se pueden citar, por ejemplo: solapamientos policiales; falta de coordinación y deficiente traspaso de información; escasa incorporación de la mujer en las policías (que conlleva una evidente masculinización e incluso un machismo corporativo); un concepto autoritario del poder; uso impreciso de la violencia; presencia de importantes lagunas formativas; o retraso en la incorporación de nuevas tecnologías, entre otras carencias.

Todo ello permite aseverar que el actual modelo policial español existe, pero como modelo fallido y con importantes disfunciones. Se puede intentar parchear y reflotar, pero sus vicios (los ocultos y los visibles) seguirán ahí, con un añadido de obsolescencia que el paso del tiempo no hará más que acentuar. Si hacer más de lo mismo no soluciona el problema, tal vez habrá que pensar en hacer algo distinto, pero sin olvidar que cualquier propuesta de modelo policial debe ir acompañada de un modelo de seguridad, de justicia y de una visión integral del modelo de sociedad en el que se incardine.

Una sociedad basada en el reconocimiento pleno de derechos humanos y de libertades exige repensar el tradicional modelo de seguridad desarrollado por los estados de matriz westfaliana. Se impone un cambio de paradigma, dejar de pensar que la seguridad se refiere a la seguridad del Estado y situar a la persona como destinatario primordial, vinculada al concepto de desarrollo humano y con los derechos humanos como eje central de dicha seguridad.

En este contexto, es preciso que el modelo policial vaya alineado en esa dirección, y ello conlleva una importante transformación cultural, que a su vez sólo puede lograrse mediante importantes cambios a nivel funcional y organizativo, cuyo impulso corresponde esencialmente a las instituciones, a las administraciones, a la ciudadanía y a las propias policías.

Es necesario incardinar el modelo policial en un modelo de seguridad y en las correspondientes políticas públicas de seguridad. En ellas, la/las policía/as ya no son el actor único, ni tan siquiera el actor principal. Constituyen un actor más, importante, pero uno más, en concurrencia/cooperación con otros actores y con la panoplia de recursos disponibles en el reparto establecido en cada momento dado. Hay que tener en cuenta, además, que la variabilidad y puesta en juego de tales recursos es hoy en día altamente volátil y cambiante, lo que requiere una constante (re)adaptación que difícilmente se compadece con lentos procesos normativos y mastodónticas corporaciones policiales. La adaptación requiere de fórmulas que permitan compaginar la agilidad con las garantías y derechos propios de sociedades democráticamente avanzadas.

Lo hasta aquí planteado, nos lleva a formular un conjunto de consideraciones, que muy probablemente valgan no solo para el modelo policial y de seguridad español, sino para muchos modelos que pretendan desarrollarse en sociedades que aspiren a mejorar sus entornos democráticos:

La primera consiste en la necesidad de pasar de la idea de orden a la de seguridad, adoptando en términos generales la idea de seguridad humana (en el sentido de cobertura de necesidades básicas del ser humano) y asumiendo que sus políticas tan solo pueden diseñarse y ejecutarse en un modelo de coproducción real y efectiva entre instituciones y ciudadanía. Asumiendo además un concepto transversal de seguridad pública que incorpore urbanismo, limpieza, iluminación, ruidos, y en general el uso compartido y pacífico de los espacios públicos y otros elementos contextuales que eviten sentimiento de inseguridad e incrementen la calidad de vida.

La segunda se basa en la necesaria generación de confianza en las fuerzas de seguridad, y la adecuación a ellas de mecanismos de control (tanto internos como externos), formación, gestión y autonomía, que aseguren su sintonía con la sociedad y sus realidades. Un modelo policial moderno debería ser descentralizado y con alta capacidad de autonomía a unidades e incluso agentes que deben tomar decisiones y resolver situaciones en breves espacios de tiempo.

La tercera aportación consiste en reconocer que las organizaciones corporativas verticales y jerarquizadas no tienen la suficiente capacidad de respuesta para hacer frente a la creciente complejidad del mundo moderno. Esta requiere organizaciones policiales más horizontales, así como un importante cambio de cultura para enfocar el modelo policial hacia una nueva cultura de la seguridad, una cultura de la cooperación intercorporativa e interinstitucional, basada en la lealtad y la transversalidad.

La cuarta plantea el compromiso con la ciudadanía, que debería plasmarse en la coproducción de políticas públicas de seguridad, desde las más concretas y focalizadas hasta el establecimiento de las líneas maestras para la formulación del nuevo modelo policial.

La quinta consideración es la constatación de la necesidad de una nueva profesión policial. En un modelo preventivo, que prime la proximidad, el conocimiento del territorio y el desarrollo armónico del espacio público y de sus usos, es importante redefinir el rol de las policías. Cuerpos autorreferenciales (corporativistas), separados de los poderes democráticos y de la ciudadanía y operando bajo el primado de las intervenciones reactivas, no pueden constituir el grueso de un modelo basado en el servicio a la ciudadanía, la resolución de conflictos, la promoción de la convivencia y la prevención.

Para desarrollar efectivamente las consideraciones hasta aquí expuestas, aparecen algunos elementos de indiscutible urgencia, que deberían trazar en lo inmediato las premisas para un camino de más largo alcance. Entre ellos podemos citar:

1. Redefinición de cuerpos y funciones. Profesionalización de la policía. Un policía profesional debería primar su pertenencia a la profesión antes que su integración en un cuerpo.
2. Establecimiento y desarrollo de políticas públicas de seguridad coproducidas, rigurosas, transparentes y evaluadas. 
3. Desarrollo de un modelo de inteligencia policial para el establecimiento de un modelo de prevención basado en la anticipación y la planificación transversal; centrado en los hechos y sus causas, más que en la generación de prototipos y estereotipos de delincuentes. Eso se ha demostrado mucho más eficaz y eficiente que cualquier modelo de reacción.
4. Implementación de un modelo diáfano de comunicación y devolución con los ciudadanos.

Y por último, es necesario tener en cuenta aspectos organizativos y económicos; elaborar planes directores de policía; acompañar cada propuesta con análisis de costes económicos y de oportunidad; evaluar y optimizar recursos; desburocratizar la policía para situar el máximo de efectivos en las tareas operativas; realizar análisis de dimensionamiento; tener en cuenta las repercusiones laborales de las acciones emprendidas; tener un modelo formativo claro…eso entre otros muchos temas que habría que analizar en un continuo acompañamiento, estudio y revisión del modelo policial.

Un modelo policial no puede ni debe ser visto como algo acabado, sino que es una realidad en permanente construcción en el día a día de la actividad policial y social como un elemento más de la construcción y el desarrollo de una sociedad democrática.

Un modelo policial pleno sólo se conseguirá mediante un intenso trabajo de las instituciones por reformar la policía en el marco más amplio de la seguridad y mediante una corresponsabilización de la ciudadanía como actor esencial en la construcción de lo que debería ser el objetivo más amplio: un modelo de seguridad asumible y asumido por la sociedad a la que pertenece y a la que se debe.

(*) El presente escrito se basa en una intervención ante la Comisión para el Estudio del modelo policial del siglo XXI (diario de sesiones del Congreso de los Diputados núm. 649, año 2018: https://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/DS/CO/DSCD-12-CO-649.PDF) y ha sido desarrollado en un artículo de la Revista Sobiranies (19/03/2021).